Por Pablo Gea
El maquivalismo y la idiocia siempre ha resultado una mala combinación. No por lo que tiene de elaboración de versátiles planes multinivel para navegar a través de las peligrosas aguas políticas, sino por los requisitos obligatorios para poder desempeñarse con éxito en tamaña labor. El principal de los cuales no es otro que el estar en posesión de una inteligencia y de una habilidad acorde con los parámetros de la tarea. Los hechos tan contundentes como claros, alumbran un escenario en el que el Gobierno de Coalición del PSOE y de Unidos Podemos, con el concurso de sus aliados, ha pretendido caminar de sorpresa en sorpresa sin advertir que jugaba con fuego, y se ha quemado. Por mucho que lo han intentado maquillar, las violaciones de los derechos de los ciudadanos, la manipulación de la realidad, la perversión del Estado de Derecho y, en definitiva, la tomadura de pelo a los ciudadanos es tan descarada que ya se revela insostenible.
La construcción del relato propagandístico con el propósito de monopolizar la opinión pública utilizando cualquier medio a su alcance no ha obtenido el resultado esperado, observando Sánchez, Iglesias y los suyos, de manera impotente, cómo la cosa se le va de las manos y la opinión pública, incapaz de negar lo evidente, les señala con el dedo. Lo han hecho incluso sus medios afines, como los pertenecientes al grupo PRISA y a ATRESMEDIA, bien es cierto que no todos y sin la intensidad que sería deseable en medios verdaderamente libres. Ahora, al Gobierno le ha entrado el pánico y reacciona de manera torpe. No se engañen. No es el proceder de un tan brillante como oscuro Frank Underwood capaz de medir los tiempos, sino más bien de un mezquino y débil Fredo Corleone, cuyo trágico destino de adivina con agónicos compases.
Este estado psicológico es lo que ha llevado al Ejecutivo y a todo su lobby pretendidamente rebelde pero paradójicamente al servicio del régimen a criminalizar los discursos discrepantes y las manifestaciones libres. El infantilismo abonado por nuestro sistema educativo, que privilegia el lavado de cerebro ideológico sobre los contenidos académicos, ha eclosionado con enorme virulencia: ‘fascistas’, ‘pijos’, ‘ricos’ son los epítetos que se han dedicado a los manifestantes. Si bien hasta que no se levante del Estado de Alarma no es aconsejable acudir a concentraciones multitudinarias, las razones detrás de los que acuden a ellas son impecables. La cosa ha ido más allá cuando los que se jactan de ser los adalides de la libertad de expresión mientras reparten carnets de demócrata como el que tira comida a las palomas no han dudado en jalear a los que han ido allí a tratar de coaccionar a quienes no ejercían otra cosa que su derecho fundamental.
A estas alturas de la película, los ciudadanos españoles, lo digan o no, tienen claras cinco cosas: 1) que el Gobierno ha violado sus libertades individuales, interviniéndolas ilegalmente, 2) que se ha aprovechado el Estado de Alarma para colar leyes ideológicas, 3) que las autoridades fueron negligentes al no tomar medidas contra el Coronavirus por motivos políticos, 4) que se está tratando de amordazar al Poder Judicial para que no investigue las ilegalidades gubernamentales, 5) que se está pactando con partidos nacionalistas para privilegiar a Cataluña y al País Vasco sobre el resto de España. Y lo que es más, el Gobierno sabe que los ciudadanos lo saben. Por eso se ha afanado en acelerar sus planes y tratar por todos los medios de contener la vía de agua.
No es coincidencia que se nombrara a la exministra Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, que se pretenda impulsar una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para acabar con la figura independiente del Juez de Instrucción y hacer recaer la propia instrucción de los casos sobre el Ministerio Fiscal, controlado por Delgado, así como que se haya destituido al responsable de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid por negarse a facilitar un informe que sólo correspondía estudiar a la juez instructora del caso en el que es imputado el Delegado del Gobierno en la misma villa por permitir la manifestación del 8-M a la vez que se prohibían otras por motivos políticos y a sabiendas del riesgo de contagio.
En estas que Pablo Iglesias y los suyos han decidido impulsar un medio de comunicación ‘libre’ que ejerza como su BOE particular para desmontar los ‘bulos’ de la oposición. Traducido al cristiano: un órgano panfletario al servicio de un partido político en el poder para señalar públicamente a los discrepantes. Que van a ser muchos más, incluso dentro de las instituciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a pesar de las treinta monedas de plata con las que Marlaska pretende sobornar a la Guardia Civil tentándolos con una a todas luces oportunista equiparación salarial. Medidas torpes dictadas por el pánico y no por la ejecución de un plan maestro.
La estocada les ha llegado con el pacto con Bildu y el ´fake’ de la derogación de la Reforma Laboral, un espectáculo esperpéntico que deja alguna que otra duda en el ánimo del español medio sobre en manos de quién estamos. Sabedores las bases electorales de los partidos que están en el poder que todas las promesas sobre transparencia e higiene democrática se enterraron el día después de entrar en La Moncloa, como demuestra un Presidente del Gobierno que ni siquiera es capaz de informar a sus ministros de las maniobras en la sombra que lleva a cabo en coherencia con su condición de prestidigitador aficionado. Ahora les ha tocado probar de su propia medicina, y los que demandaban los escraches han pasado a ser los escracheados.
Eso sí, con coches de la Guardia Civil apostados en la puerta del chalet. De lo que no cabe duda es que este Gobierno pierde credibilidad a pasos agigantados y que España se dirige enfilada hacia un estallido social de efecto retardado. Del cual, quienes se han pasado años agitando la bandera del conflicto social, de la ‘lucha de clases’, de la batalla callejera y del guerracivilismo, son los principales responsables.
